La propuesta de la CE sobre el impuesto digital temporal abre de nuevo el debate sobre la problemática de gravar lo intangible en las operaciones digitales.

Desde luego, es una situación que tiene cada vez mayor relevancia y actualidad. De hecho, algunos países ya están comenzando a tomar medidas o a plantearlas, por ejemplo, en el caso de los alquileres turísticos a través de plataformas como AirBnB.

La propuesta de la Comisión Europea pretende dar un primer paso hacia la tributación armonizada en la UE. Por eso, su iniciativa contempla un impuesto digital temporal de un 3 % sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas. Eso sí, solo será aplicable para empresas que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial o más de 50 millones de euros en la UE. 

El objetivo es compensar las bajas contribuciones de gigantes tecnológicos. Y, además, hacerlo en unas áreas delimitadas: comercio electrónico (como eBay), operaciones entre particulares a través de plataformas online (como AirBnB) y la compraventa de datos de usuarios residentes en la UE (como Facebook). 

Para la aplicación del impuesto digital temporal resulta necesaria la unanimidad de los 28 Estados miembros. En este sentido, el debate está garantizado para encontrar un consenso entre los que apoyan la medida y quienes se oponen a medidas temporales.

Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y España encabezan el bloque de apoyo a la medida. Algunos de estos países ya aplican medidas o están en proceso de hacerlo, como el caso de España con la reciente publicación del anteproyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales. 

Por su parte, Irlanda, Luxemburgo y Bélgica, entre otros países, prefieren esperar hasta medidas definitivas en tributación digital. Para estos países el impuesto digital penalizaría las inversiones en sus países, cuyos incentivos fiscales para empresas los coloca como sedes estratégicas para gigantes tecnológicos. 

Relacionado con esto último, de aprobarse la medida podría leerse como una respuesta a la política nacionalista de Estados Unidos. Sobre todo, cuando la mayoría de las empresas a las que afectaría trasladaron su sede de EE. UU. a la UE para reducir la carga fiscal. 

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