Una nueva directiva europea obliga a que las administraciones utilicen el formato común al recibir facturas electrónicas de empresas privadas.
Esta medida, aprobada en abril de 2019, es vinculante para las administraciones de todo tipo (estatales, regionales y locales). Sin embargo, solo las estatales tienen que cumplirlo de inmediato; el resto puede adaptarse al nuevo sistema con un año de margen.
En términos prácticos, la directiva no modifica de forma sustancial la manera de proceder de las instituciones y Gobiernos. De los 28 Estados de la UE, más de la mitad (18) ya usan el formato digital al recibir facturas del sector privado. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, España, Italia, Francia, Alemania, Bélgica o Países Bajos.
Aunque sí cabe destacar que la medida es un paso más para conseguir que la digitalización se afiance. Con ella también se mejora en transparencia y gestión eficaz de los Gobiernos.
No obstante, las administraciones pueden seguir recibiendo facturas en el formato clásico analógico. La directiva solo obliga a procesar las facturas electrónicas en formato común.
Las cifras en España dan buena cuenta de la buena acogida de la digitalización: en 2018 se procesaron 181,8 millones de facturas electrónicas.
Gracias a este dato, el sector privado español pudo ahorrar en 2018 más de 1 400 millones de euros en gestión de facturas. Pero la realidad es que aún estamos lejos de Italia, el Estado de la UE más preparado y avanzado en estas acciones.
De hecho, se espera que la normativa en el resto de países vaya encaminada hacia la política que mantiene Italia: se obligará a que también las empresas privadas usen la factura electrónica.
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