Luxemburgo, Holanda y Estonia ya han publicado sus sendos proyectos de ley para transponer la Directiva de Normas de Divulgación Obligatoria, relativa a los intermediarios fiscales (DAC6). Los Estados miembros tienen hasta el 31 de diciembre de 2019 para implementar la directiva en su legislación nacional.
Los tres países han establecido la legislación de manera amplia y en línea con la directiva. Sin embargo, Holanda y Estonia han tratado de proporcionar alguna orientación sobre el alcance y las características de la directiva.
Las sanciones máximas que se pueden imponer varían de manera significativa entre los proyectos de ley de estos países: 3 300 euros en la propuesta de Estonia, 250 000 euros para el caso de Luxemburgo y 830 000 euros para Holanda.
Además, el proyecto de ley de Estonia permite que el intermediario pueda acogerse a la no revelación de información, y no requiere que los contribuyentes den información sobre sus acuerdos. Por otro lado, la legislación de Luxemburgo sí pide a los contribuyentes que aporten datos sobre sus declaraciones fiscales.
De acuerdo a la directiva, a los intermediarios fiscales que diseñan y/o fomentan esquemas de planificación fiscal informables se les pedirá la revelación de esta información sobre operaciones transfronterizas, tal y como comenzó a aplicarse tras el 25 de junio de 2018.
Por su parte, las Administraciones tributarias nacionales intercambiarán información entre ellas a través de una base de datos centralizada. Las sanciones se impondrán a los intermediarios que no cumplan con las nuevas medidas de notificación. El intercambio automático de información entre Estados miembros está previsto para el 31 de octubre de 2020.