La UE establece las líneas de la nueva fiscalidad europea con la aprobación de la tasa Google en 2023, el impuesto sobre plásticos y la emisión de carbono.
En el histórico Consejo Europeo —que puso las condiciones a los fondos para hacer frente al impacto de la COVID-19— quedó en un segundo plano un asunto no menos importante. Los líderes comunitarios hicieron un primer acuerdo para sentar las bases de la Unión Europea en el fiscal.
Los gastos de la UE se sufragan directamente con los derechos aduaneros, un porcentaje de IVA de cada Estado miembro y con aportaciones directas de cada uno de ellos. Pero a partir de 2021 la Unión Europea tendrá su propio sistema fiscal para mantener los recursos.
Impuesto a los residuos plásticos no reciclados
Gravará con 0,80 euros por kilogramo y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021. También llevará un mecanismo destinado a evitar un efecto regresivo en las contribuciones nacionales.
Tasa Google
La UE no prepara la aplicación del impuesto digital el 1 de enero de 2023. En 2021 presentará las bases y comenzarán las negociaciones. Las conversaciones sobre un impuesto digital común han sido numerosas, pero siempre han quedado lastradas por la oposición de los países nórdicos, ya que el acuerdo requería unanimidad. De forma paralela, siempre estaban las amenazas de Estados Unidos a los países que por su cuenta aplicasen la tasa Google.
En este sentido, ha decidido unir fuerzas. Por su parte, la OCDE también está trabajando en un modelo de impuesto digital común para los países que la forman.
Impuesto a las emisiones de carbono
La UE espera que el impuesto a las emisiones de carbono esté listo antes de 2023 y para el que elaborará un mecanismo de ajuste en frontera.
Los Estados miembros sugirieron que la Comisión Europea haga una propuesta revisada sobre el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de gases contaminantes. La idea es que se amplíe al transporte aéreo y marítimo.
Tasa Tobin
Por otro lado, quiere completar el sistema fiscal común con la tasa Tobin —el impuesto sobre las transacciones financieras—mientras países como España ya están trabajando para aprobarla.
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