Estados Unidos ve discriminatorio romper con las normas fiscales actuales y propone establecer un mecanismo opcional a nivel global para los impuestos digitales.
Steven Mnuchin, secretario de Tesoro de Estados Unidos, se dirigió en diciembre de 2019 a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con una carta en la que explicaba las serias preocupaciones de su país sobre el rumbo de la nueva propuesta en materia impositiva digital.
Estados Unidos considera que la solución podría encontrarse con un régimen de «puerto seguro» de los objetivos contemplados en el Pilar 1 (Nota). Esto implica que los Estados estarían en su derecho de adoptar el régimen si lo estiman oportuno, en lugar de que se marcase como obligatorio. Estados Unidos busca la justificación en que los impuestos sobre servicios digitales tienen un «impacto discriminatorio» para las empresas estadounidenses.
Por su parte, la OCDE, en su propuesta anterior a esta carta, recogió un enfoque obligatorio global, que se suscribirá con la firma de un nuevo MLI (en español, Instrumento Multilateral Tributario).
Ángel Gurria, secretario general de la OCDE, respondió a Estados Unidos que en el largo proceso de consulta no habían encontrado la idea de que el Pilar 1 se estableciese como régimen de puerto seguro. Por el contrario, en todas las conversaciones «identificaron claramente la necesidad de una mayor certeza fiscal y administrabilidad». De hecho, por eso la propuesta tiene un enfoque unificado.
Además, el secretario de la OCDE también planteó que esta respuesta de Estados Unidos podría afectar a la capacidad de su organización para cumplir con los plazos acordados por el Foro Inclusivo.
Estados Unidos y la OCDE habían agendado una reunión antes de final de año para abordar el tema con más profundidad.
La OCDE se enfrenta a la mayor revisión de las normas fiscales internacionales hecha desde 1920. El objetivo no es otro que actualizar toda la materia a nivel global para adaptarla a los tiempos digitales.
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(Nota) Bajo el término BEPS (siglas en inglés referidas a la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios), se designan aquellas estrategias de planificación fiscal que aprovechan vacíos y discordancias en las normas fiscales para trasladar artificiosamente beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación y con nula o mínima actividad económica
En 2015 la OCDE y el G-20 acordaron el Proyecto BEPS, por el que más de 60 países elaboraron 15 acciones para abordar la evasión fiscal, mejorar la coherencia de la normativa fiscal internacional y garantizar una fiscalidad más transparente (paquete de medidas BEPS).
Posteriormente, en 2016 se creó el denominado Marco Inclusivo (MI) de la OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS) para garantizar que los países y jurisdicciones interesados, incluidas las economías en desarrollo, pudieran participar en condiciones de igualdad en el desarrollo de estándares sobre cuestiones relacionadas con la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, revisando y fiscalizando al mismo tiempo la implementación del Proyecto BEPS de la OCDE y el G-20.
Los miembros del MI han desarrollado un Plan de trabajo con el objetivo de alcanzar un acuerdo en 2020 que garantice una solución a largo plazo a los desafíos fiscales que plantea la digitalización de la economía. El Plan de trabajo contempla dos pilares:
En el marco del primer pilar se explorarán alternativas para determinar la reasignación de derechos fiscales (normas de “nexo y atribución de beneficios”);
En el contexto del segundo pilar, que intenta abordar las cuestiones que quedaron pendientes del proyecto BEPS de la OECD y el G-20, se trabajará en el diseño de normas tributarias que garanticen que los grupos multinacionales queden sujetos a un nivel de tributación mínima.