Bruselas amenaza con llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE si no evita la elusión fiscal empresarial antes de que acabe 2020.
El mensaje de la Comisión Europea ha sido claro. España necesita actualizar con urgencia la legislación nacional y trasponer la directiva contra la elusión fiscal relativa a las asimetrías híbridas.
La directiva europea impide que las grandes empresas aprovechen las diferencias existentes en la legislación tributaria de dos países de la UE con el fin de evadir impuestos. Si no lo hace antes de que termine 2020, tendrán que resolverlo en el TJUE.
Además, la directiva también contempla medidas para garantizar que los beneficios procedentes de propiedad intelectual que salgan de un Estado miembro sean imponibles en ese Estado. También hay mecanismos concretos para contrarrestar las asimetrías relacionadas con la residencia fiscal.
En principio, España debía haber traspuesto esta directiva antes del 31 de diciembre de 2019. Ya fuera de ese plazo, el Gobierno espera cumplir con la prórroga adicional que le ha dado Bruselas.
El Gobierno tiene preparado el Proyecto de Ley de Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que incluye la trasposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016. La normativa establece normas contra las prácticas de elusión fiscal, incluida modificación de normas tributarias y de regulación del juego.
El Consejo de Ministros aprobó el texto el 13 de octubre de 2020 y seguirá el curso parlamentario para su aprobación.
Otras medidas que se incluyen en el Proyecto de Ley
• Reducción del límite de pagos en efectivo entre profesionales. Pasará de 2 500 a 1 000 euros.
• Ampliación de la lista de morosos y de paraísos fiscales.
• Lucha contra el fraude en las criptodivisas.
• Control de software que facilita la contabilidad B.
Esta normativa contra la evasión fiscal empresarial está en la línea de la creación para 2021 de la tasa Tobin y Google, ya aprobadas. El Gobierno también espera subir la recaudación con la batería de subidas fiscales que recogen los Presupuestos Generales del Estado.
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