La organización estima que para finales de 2020 tendrá un estándar internacional para gravar a las empresas de la economía digital.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) centra sus acciones en el principal debate mundial de política tributaria: la regulación de impuestos en la economía digital. Legislar sobre esto es un reto necesario, dado que cada vez más empresas y plataformas digitales no pagan impuestos ni tienen sede fiscal en los países en los que dan servicio. Google, Airbnb, Netflix y Spotify son algunos ejemplos.
Los países que forman parte de esta organización comparten el programa de Erosión de la Base y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) en el que se tratan los impuestos digitales.
¿Cómo será el impuesto digital planteado por la OCDE?
En este sentido, en mayo de 2019 se estableció en una reunión con delegados de 99 países dos principios para aplicar impuestos a la economía digital:
1. Dónde deben abonarse los impuestos y bajo qué base. La OCDE aboga por el denominado principio de «ubicación de beneficios», que indica que se debe tributar en la jurisdicción en la que estén ubicados los clientes/usuarios.
2. Establecer un nivel mínimo de impuestos. Así los países dispondrían de una nueva herramienta para proteger su base fiscal frente al traslado hacia países con nula o baja tributación, según refleja el documento oficial.
Más cometidos del Proyecto BEPS
Además de esto, el foro sobre prácticas fiscales perjudiciales ha revisado 287 regímenes desde el comienzo del Proyecto BEPS, tal y como presentó en su reunión de mayo de 2019. Todos ellos han recibido calificaciones en función de su complejidad y operativa. En la próxima reunión del foro, prevista para diciembre de 2019, el foro continuará su revisión de los regímenes. Ya en 2020 lo dedicará a revisar la aplicación de las recomendaciones planteadas.
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