Bruselas considera que España impone sanciones demasiado elevadas a los contribuyentes como consecuencia de la no presentación o errores cometidos en la presentación de la Declaración Informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 720). Ante los avisos previos y la inacción de España, la Comisión Europea lleva el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En la actualidad, España exige que los contribuyentes residentes en su territorio comuniquen a Hacienda los activos que tienen en el extranjero. Dentro de ello, se contemplan propiedades, cuentas bancarias y productos financieros contratados. Si no lo hacen a tiempo y de forma total, se enfrentan a importantes sanciones económicas.
El conflicto se origina porque Bruselas considera que estas sanciones impuestas son superiores a las que se establecen por infracciones similares respecto de obligaciones de información dentro del territorio nacional. De hecho, en algunas ocasiones, estas multas pueden sobrepasar el valor de los activos en el extranjero. Así lo explicó el Ejecutivo europeo en un comunicado oficial.
Es cierto que España tiene derecho a imponer sanciones, pero, según Bruselas, estas limitan las libertades fundamentales de la UE. Desde la Comisión se refieren a la libre circulación de personas y de trabajadores, la libre circulación de establecimiento, la libre prestación de servicios o la libre circulación de capitales.
En 2015, la Comisión Europea ya abrió un procedimiento de infracción contra España por el mismo motivo. En 2017 le solicitó que modificase las normas sobre los activos en otros países de la UE o el Espacio Económico Europeo (formado por los 28 Estados miembros de la UE junto a Islandia, Liechtenstein y Noruega). Pese a las advertencias, a mediados de 2019 España continúa sin modificar el Modelo 720.
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