El Gobierno liderado por Pedro Sánchez mantiene su apuesta por el impuesto a gigantes online, pese al abandono de la UE, que buscará un acuerdo en la OCDE.
El debate en el seno de la Unión Europea sobre la tasa Google explora un nuevo escenario, el de lograr un acuerdo a nivel global. Pero esto no parece interrumpir los planes del Gobierno español al introducir la también llamada tasa tech.
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, aseguró que España no renuncia a aprobar un impuesto por servicios digitales aun con el abandono de la UE. Sin embargo, el avance de la medida y su incorporación en los Presupuestos Generales de Estado estará supeditada al nuevo Gobierno formado tras las elecciones generales.
España ha sido desde el principio, junto con Francia, uno de los principales defensores de este impuesto. No obstante, todo el conjunto de países no pensaba igual. En el marco comunitario, la oposición de Irlanda, Finlandia, Dinamarca y Suecia ha impedido que los Estados miembros alcancen la unanimidad para aplicar la medida, solo formulada para gravar la publicidad online.
De momento, todas las decisiones que repercuten en la fiscalidad de la UE deben estar aprobadas por unanimidad. La Comisión Europea ya ha propuesto en varias ocasiones la necesidad de introducir la mayoría cualificada para la toma de decisiones en política fiscal.
Por ello, la nueva posición de la UE pasa por abandonar la iniciativa en el ámbito comunitario y alcanzar una solución global en la OCDE. Esta nueva postura deja en manos de los Gobiernos estatales la legislación y aprobación del impuesto digital.
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