Los representantes de los Estados miembros de la UE pactaron una directiva para diferir los plazos de la DAC6 y del IVA online como resultado de la crisis del coronavirus.
Aplazamiento de 6 meses para los primeros informes de la DAC6
Los términos acordados darán a los Estados miembros la opción de posponer los plazos impuestos por la Directiva de la UE sobre cooperación administrativa hasta 6 meses. Por lo tanto, no habrá una necesidad inmediata de informar de operaciones fiscales agresivas en transacciones transfronterizas ni intercambio de información de cuentas financieras de los beneficiarios que son residentes en otros Estados miembros.
Tras el anuncio, algunos Estados miembros manifestaron su intención de transponer la ampliación de la fecha límite de presentación de informes en su legislación nacional.
La propuesta revisada, de acuerdo a la reunión, se adoptará formalmente por el Consejo de la UE antes de que termine junio de 2020.
La DAC6 establece la obligación de informar a la Administración Tributaria de los denominados «esquemas fiscales potencialmente agresivos». Los intermediarios —y también los contribuyentes que no tengan asesor, este esté fuera de la UE o esté amparado por el secreto profesional— deberán informar a las autoridades fiscales correspondientes.
Toda la información relevante se reportará y se intercambiará entre autoridades fiscales una vez que haya trascurrido el plazo diferido.
Aplazamiento del IVA para empresas online
El Consejo también pactó un acuerdo preliminar para aplazar 6 meses la entrada en vigor del régimen de IVA para empresas online. Estaba previsto que se comenzase a recaudar a partir del 1 de enero de 2021, pero se prevé que finalmente se active el 1 de julio de 2021.
La transposición de la DAC6 en España
La aprobación de la norma española estaba prevista para finales de 2019, pero lleva retraso. El 12 de mayo de 2020 el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley que modifica la Ley General Tributaria.
Al margen de la aprobación del retraso en la directiva, parece que los intermediarios y contribuyentes tienen que estar listos para informar de estas posibles prácticas fiscales agresivas, ya que se mantiene que la fecha de comienzo sea el 1 de julio de 2020.
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