Este último fin de semana nos ha traído la noticia del fracaso de los ministros de finanzas europeos para alcanzar un principio de acuerdo sobre la creación de un impuesto digital en la Unión Europea.
La iniciativa de establecer un impuesto europeo a los grandes agentes de internet basado en el volumen de negocio en lugar del beneficio, originalmente liderada por Alemania, Francia, Italia y España, requeriría la unanimidad de los estados miembros para ser aceptada.
Está claro después del anuncio posterior al ECOFIN no formal del sábado pasado y de las dudas de los ejecutivos de Alemania e Italia, que tal unanimidad está lejos de ser alcanzada. La razón principal es la renuencia de los Estados miembros, como Irlanda y Luxemburgo, cuyos incentivos fiscales son clave en la atracción de inversiones extranjeras, a la introducción de dicho impuesto digital.
Si bien la posición de tales países puede explicarse por lo mucho que los mismos tienen que perder de una revisión del statu quo actual, la razón oficial dada en contra de la adopción de una iniciativa unilateral de este tipo por parte de la UE, ha sido la distorsión de la competencia y el riesgo de un conflicto con otras economías líderes mundiales la misma puede implicar.
En cambio, los países contrarios al Impuesto Digital proponen esperar hasta que se implementen soluciones comunes acerca de cómo gravar a los gigantes tecnológicos a un nivel más amplio, como puede ser en el seno de la OCDE.
Esta controversia muestra la dificultad de las Administraciones Tributarias nacionales para hacer frente a los desafíos del nuevo escenario resultante de la llamada cuarta revolución industrial, en el que fenómenos tales como IA, “blockchain” o “big data analytics” están dando lugar a cambios exponenciales en los procesos económicos y en la forma de hacer negocios. El problema de encontrar una fórmula común de gravar a las grandes empresas tecnológicas y los nuevos modelos de negocio basados en Internet es solo un ejemplo más de los esfuerzos de adaptación de los sistemas tributarios tradicionales, y que continúa otras iniciativas a nivel internacional como sucede con las 15 acciones contempladas en el paquete BEPS de la OCDE, que afecta al impuesto de sociedades, o el plan de acción sobre el IVA de la Comisión Europea.
No puede descartarse que, en un futuro próximo, dadas las dificultades de las fórmulas tradicionales, las Administraciones nacionales siguiendo el ejemplo de los mismos gigantes tecnológicos que ahora están tratando de gravar, migren a un nuevo escenario de “fiscalidad virtual", donde el uso extensivo de una IA propia o del “big data analytics” desempeñen un papel central. ¿Vendrá un nuevo "Gran Impuesto" a sustituir al viejo "Gran Hermano"?