El debate para sacar adelante la tasa Tobin ya tiene cierta solera en la Unión Europea. Al menos desde hace una década es un tema recurrente entre los Estados miembros, aunque no despierta el interés de todos por igual.
Alemania está en el grupo de países partidarios de aprobar la tasa Tobin, cuyo debate parece haber quedado reducido a diez países. Por su parte, el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, trató de agilizar la aprobación con una nueva propuesta: establecer un impuesto del 0,2 % del valor de las operaciones de compra de acciones de empresas cuyo capital en bolsa supere los 1 000 millones de euros.
Esta urgencia de Alemania coincide con un objetivo político interno: financiar el aumento de las pensiones mínimas. Desde el Gobierno alemán estiman que la aprobación de esta medida permitiría ingresar aproximadamente 1 500 millones de euros a las arcas del país.
En 2013 Bruselas ya dio permiso a once países de la UE para adoptar una medida consensuada y poner un contrapunto a la crisis económica. Los países de ese grupo eran España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Austria, Grecia, Estonia, Eslovenia y Eslovaquia. En Francia este impuesto ya existe.
La medida, según el Ministerio de Finanzas alemán, persigue una «tributación justa» dentro del sistema financiero en Europa, con un impacto más cercano en las necesidades de la comunidad.
En España, el Ejecutivo provisional encabezado por Pedro Sánchez propuso en la primavera de 2019 una tasa Tobin prácticamente similar a la que ha diseñado el Gobierno alemán. La única diferencia parecía estar en la manera de recaudar el impuesto, que recaería sobre los intermediarios financieros. Sin embargo, la convocatoria electoral de abril dejó en pausa todo intento de aprobar la tasa Tobin y la tasa Google.
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